La nueva orden corresponde a la segunda fase del proceso iniciado por Nuevo México y también exige cambios en la información de seguridad, la estimación de edad y la gestión de cuentas de menores.
El juez Bryan Biedscheid ordenó el 6 de agosto a Meta pagar US$567 millones para financiar servicios y medidas destinadas a mitigar daños sufridos por jóvenes en Nuevo México, Estados Unidos. La resolución corresponde a la segunda fase de State of New Mexico v. Meta Platforms, un proceso sobre la seguridad de menores en Facebook e Instagram.
La nueva orden no supera por sí sola los US$900 millones. Esa cifra surge al agregar los US$567 millones a los US$375 millones en sanciones civiles que un jurado fijó el 24 de marzo de 2026. El monto acumulado impuesto en ambas fases asciende así a US$942 millones, sujeto a los recursos judiciales que presente la empresa.
Según el reporte de Associated Press sobre la resolución, US$420 millones se destinarán a servicios de tratamiento para jóvenes. El resto financiará durante cinco años iniciativas de sensibilización y prevención, evaluaciones de salud y otros costos vinculados con el plan.
Cambios exigidos a Facebook e Instagram
La orden no se limita al componente económico. Meta deberá incorporar avisos y pantallas informativas que expliquen con mayor claridad sus funciones de protección, las prácticas recomendadas y las herramientas disponibles para enfrentar interacciones inapropiadas. La campaña informativa y esos cambios estarán sujetos a revisión estatal.
La empresa también deberá continuar mejorando sus sistemas de estimación de edad en Nuevo México. Esos mecanismos emplean señales de la cuenta, como las conexiones del usuario y los tipos de contenido que publica o consume. En un plazo de dos años, Meta deberá intentar desarrollar un modelo específico para predecir qué usuarios tienen menos de 13 años.
Cuando sus sistemas estimen que una cuenta pertenece a una persona menor de 13 años, Meta deberá solicitar una prueba de edad. Si únicamente puede concluir que el usuario tiene menos de 18 años, tendrá que aplicar las protecciones correspondientes a ese grupo hasta que la edad sea verificada.
La resolución también ordena crear, junto con escuelas o una organización especializada en seguridad infantil, un canal para que el personal educativo reporte cuentas que podrían pertenecer a menores de 13 años. Meta deberá eliminar las cuentas y los datos personales recopilados de usuarios que determine que están por debajo de esa edad, además de presentar informes semestrales sobre el cumplimiento de las medidas.
El juez limitó parte de lo solicitado por la fiscalía
Nuevo México había pedido cambios más amplios, entre ellos controles reforzados de edad y otras modificaciones del diseño de las plataformas. Sin embargo, el juez señaló que la legislación federal de privacidad infantil impide obligar a los menores de 13 años a entregar datos personales o someterlos a seguimiento pasivo únicamente para verificar su edad.
El tribunal consideró además que imponer a Meta un sistema general de verificación que no se exija a otras redes sociales resultaría desigual y excesivamente perjudicial para la compañía. La resolución adopta por ello un enfoque basado en la estimación de edad y en verificaciones dirigidas a cuentas identificadas como posibles usuarios menores.
Meta apelará
Meta anunció que recurrirá la decisión. La compañía sostiene que trabaja para mantener la seguridad en sus plataformas, que ha informado sobre las dificultades para detectar y retirar contenidos dañinos y actores maliciosos, y que las acusaciones tergiversan los hechos. También afirma confiar en su historial de protección de adolescentes.
El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torres, presentó la decisión como una señal de que las empresas pueden ser responsabilizadas cuando el diseño de sus productos pone a menores en riesgo. El estado había solicitado US$779,5 millones para el componente financiero del plan, por lo que la suma concedida quedó por debajo de su petición.
La resolución es importante tanto por el monto como por las obligaciones operativas, pero todavía no cierra el litigio. La apelación anunciada por Meta puede modificar, suspender o retrasar la aplicación de algunas disposiciones. Además, las exigencias descritas se circunscriben a Nuevo México y no constituyen por sí solas una política nacional para Facebook e Instagram.
Fuentes: Associated Press; Poder Judicial de Nuevo México; Departamento de Justicia de Nuevo México, veredicto del 24 de marzo de 2026 y Departamento de Justicia de Nuevo México, conclusión de la segunda fase
Ilustración generada por IA
📬 Newsletter gratuito
