El Salvador ha promulgado un proyecto de ley que exime a las empresas que trabajan en productos de IA del impuesto sobre la renta, el impuesto sobre las plusvalías y los impuestos municipales. Esta medida está diseñada para hacer del país un destino más atractivo para las empresas tecnológicas, los empresarios y los inversores.
Las empresas elegibles que se dediquen al desarrollo de herramientas de IA y a otros trabajos de programación informática se beneficiarán de estas exenciones fiscales durante los próximos 15 años. La legislatura unicameral de 84 miembros aprobó la moción con 69 votos a favor.
El legislador Rodrigo Ayala explicó que estas exenciones ayudarán a estimular el crecimiento del sector tecnológico y el surgimiento de nuevas industrias en El Salvador. El presidente Nayib Bukele, quien propuso inicialmente la legislación, ha estado trabajando para modernizar la economía de la nación y disminuir su dependencia de sectores tradicionales como la agricultura y la manufactura a través de su Partido de las Nuevas Ideas.
Para lograr estos objetivos, el gobierno ha estado invirtiendo en infraestructuras, educación y programas empresariales que fomentan la innovación y la digitalización en diversas industrias.
El presidente Bukele atrajo la atención internacional en 2022 cuando anunció sus planes de emitir bonos denominados en Bitcoin para pagar la deuda nacional, tras convertir la criptodivisa en moneda de curso legal. Sin embargo, esos bonos aún no se han materializado.
Las exenciones fiscales abarcan los ingresos, la propiedad, las ganancias de capital y los aranceles a la importación de innovaciones tecnológicas, incluyendo la codificación, la programación de software, el desarrollo de IA y la manufacturabilidad de hardware para la informática y las comunicaciones.
Las herramientas de IA, como ChatGPT de OpenAI, han ganado popularidad gracias a su capacidad para generar texto basado en indicaciones, como artículos, ensayos, chistes y poesía. Aunque algunos gobiernos han expresado su preocupación por los posibles riesgos para la privacidad, los derechos humanos o la seguridad que presentan estas herramientas, El Salvador ha optado por promover el desarrollo de estas tecnologías.
