Como parte del anuncio, el gobierno salvadoreño también ha lanzado una nueva aplicación de monedero digital, que inicialmente incluirá 30 dólares en Bitcoin para cada ciudadano que la descargue. También se ha informado de que se instalarán más de 200 nuevos cajeros automáticos en todo El Salvador que permitirán convertir dólares en Bitcoin.
También preocupa que la moneda digital no es totalmente entendida en todo el país. Un estudio reciente de la Universidad Centroamericana (UCA) reveló que sólo el 4,8% de las personas sabía qué era el Bitcoin y cómo se utilizaba. Además, más del 68% de los encuestados dijo estar en desacuerdo con su uso como moneda de curso legal.
El gobierno del presidente Nayib Bukele sostiene que Bitcoin podría reducir las tasas de esas transacciones transfronterizas, habida cuenta que una cuarta parte del PIB de El Salvador procede de remesas, es decir, del dinero que envían al país las personas que trabajan en el extranjero.
Asimismo, la medida sería un intento de incorporar a la economía a más salvadoreños, la mayoría de los cuales no tienen cuenta bancaria. Bukele también cree que, al ser uno de los primeros en adoptar la tecnología, el país podría convertirse en un destino para la inversión extranjera en la minería de bitcoins.
A pesar de toda la expectación que despierta la criptografía, bitcoin no se ha utilizado nunca como moneda real a gran escala. Para el empresariado, es fundamental aceptar pagos en una moneda cuyo valor no se desplome en el futuro. Por el contrario, Bitcoin ha demostrado ser extremadamente volátil.
Y como el bitcoin, por definición, se salta las instituciones financieras tradicionales que promueven la estabilidad, al Fondo Monetario Internacional le preocupa que la adopción de la criptomoneda por parte de El Salvador pueda crear graves riesgos para la economía del país.
Otros críticos dicen que el anuncio busca distraer a la ciudadanía de las tácticas cada vez más autoritarias de Bukele, como por ejemplo su petición de “purgar” el poder judicial, destituyendo a un gran número de jueces y fiscales en todo el país.
