El Senado estadounidense aprobó dos nuevos proyectos de ley que facilitarán la presentación de requerimientos judiciales contra los remitentes del fastidioso spam. La intención de los legisladores es frenar en alguna medida el envío irresponsable de publicidad de alcance masivo. Las nuevas leyes también aspiran a persuadir a los proveedores de conexión a bloquear las actividades de los “spammers”.
Una de las leyes aprobadas por el Senado esta semana penaliza el envío de spam cuando el mensaje no incluya una dirección auténtica de correo electrónico a la que el destinatario pueda responder. La intención es que el destinatario pueda contactar al remitente y exigirle suspenda ulteriores envíos. En caso de ser ratificada sin modificaciones por el Congreso, la proyectada ley exigiría a los remitentes de publicidad contar con la aprobación previa de los destinatarios, proceso también conocido como “opt-in mail”.
De igual modo, la ley prohibiría a los “spammers” conseguir direcciones de correo electrónico visitando sitios web.
La ley también establece que no corresponderá al destinatario del spam querellarse contra el remitente, sino que tal labor recaerá en las fiscalías, que en representación de los ciudadanos llevará a los “spammers” a los tribunales de justicia.
Las multas propuestas por el proyecto de ley tienen un techo de 1.5 millones de dólares.
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