En caso de ser aprobada, la Ley sobre las Comunicaciones Electrónicas facultaría a las autoridades a tener pleno acceso la información encriptada transmitida por conducto de redes digitales tales como Internet. Tal acceso se conseguiría obligando por la vía legal a los usuarios a entregar las contraseñas correspondientes. En caso de negarse a ello, la ley estipula condenas de hasta dos años de prisión.
La ley también contempla la aplicación de fuertes condenas para quienes notifiquen a usuarios de sistemas de encriptación que sus actividades están siendo monitorizadas por las autoridades. En tal caso, el proyecto legal propone condenas de hasta cinco años de prisión.
