El proyecto de ley fue remitido recientemente al Parlamento por el Ejecutivo, que lo fundamenta con la necesidad de proteger al usuario de tal material, que no sólo implica una molestia, sino también un gasto, toda vez que el receptor debe necesariamente realizar una conexión pagada a Internet para retirar su correo electrónico. Es decir, aunque se trate de cantidades infinitesimales, la autoridad austríaca desea hacer valer el principio según el cual el usuario no debe pagar por algo que no ha solicitado.
El proyecto ya cuenta con el respaldo de los cinco principales partidos políticos del país, por lo que tiene buenas posibilidades de convertirse en ley, escribe The Industry Standard.
