Los directivos de empresas tecnológicas se enfrentan a la posibilidad de ser procesados y condenados a dos años de cárcel si obstaculizan las investigaciones del organismo británico supervisor de las comunicaciones a partir del próximo año, en virtud de una amplia e histórica revisión de la ley sobre seguridad online del Reino Unido.
El gobierno propone reducir en 22 meses el periodo de gracia para el enjuiciamiento criminal de la alta gerencia tecnológica, de dos años a sólo dos meses, lo que significa que los CIOs podrían ser acusados de delitos a partir de principios de 2023.
Según The Guardian, el cambio forma parte de un proyecto de ley renovado sobre la seguridad en línea, que además impone a las plataformas de medios sociales y a los buscadores la obligación de proteger a los usuarios de contenidos nocivos.
La legislación actualizada que se presentó en el Parlamento el jueves 17 de marzo confirma, y adelanta, las propuestas para todo el Reino Unido de multar o encarcelar a los directivos que no garanticen respuestas “precisas y oportunas” a las solicitudes de información del regulador Ofcom.
Introduce otros dos nuevos delitos penales que se aplican a empresas y empleados: la manipulación de la información solicitada por Ofcom y la obstrucción o el retraso de allanamientos, auditorías e inspecciones del organismo de control. Un tercer delito penal se aplicará a los empleados que proporcionen información falsa en las entrevistas con el organismo de control.
La ministra de Cultura, Nadine Dorries, afirmó que las empresas tecnológicas no han rendido cuentas cuando los abusos y las conductas delictivas se han “desbordado” en sus plataformas. En referencia a los algoritmos que adaptan lo que los usuarios ven en las plataformas de las redes sociales -que han sido muy criticados durante las audiencias del proyecto de ley- añadió: “Dados todos los riesgos en línea, es oportuno que garanticemos protecciones básicas similares para la era digital. Si no actuamos, corremos el riesgo de sacrificar el bienestar y la inocencia de innumerables generaciones de niños al poder de los algoritmos sin control”.
El deber de cumplimiento de la legislación se aplica a las empresas de Internet que alojan contenidos generados por los usuarios -como Twitter, Facebook y TikTok- y a los motores de búsqueda como Google.
El proyecto de ley, que se espera entre en vigor a finales de año, también permitirá al organismo de control bloquear sitios y aplicaciones.
Otros cambios del proyecto de ley incluyen la posibilidad de que los usuarios de las principales redes sociales puedan bloquear cuentas anónimas, en una medida destinada a contrarrestar a los trolls en línea. Las grandes empresas tecnológicas deberán presentar a la Ofcom “evaluaciones de riesgo” en las que detallarán cómo sus plataformas pueden causar daños a los usuarios -incluyendo el funcionamiento de los algoritmos- y los sistemas que tienen para prevenir esos daños.
Dorries declaró al canal de televisión británico ITV el miércoles 16 de marzo: “Son los algoritmos los que causan el daño, por lo que este proyecto de ley obligará a esas plataformas a mostrar esos algoritmos a nuestro regulador para que pueda detectar dónde se produce el daño y exigir responsabilidades a esas plataformas”.
El proyecto de ley eximirá de la censura a los contenidos de los editores de noticias y de los periodistas, aunque Dorries matizó el miércoles que todos los contenidos periodísticos estarían protegidos “siempre que sean legales”. Las plataformas que pretendan eliminar contenidos periodísticos deberán notificar su retirada y permitir un recurso contra la misma, añadió Dorries. El proyecto de ley también contiene disposiciones que protegen el contenido de “importancia democrática”, que está diseñado para proteger el debate político.
Las empresas que infrinjan la ley se enfrentan a multas impuestas por Ofcom de hasta el 10% de la facturación global. The Guardian pone como ejemplo el caso de Meta, propietaria, de Facebook, que en caso de infringir la ley debería pagar una multa equivalente a 12.000 millones de dólares. Facebook es una empresa que tradicionalmente ha destacado por sus reiterados abusos y violaciones de la privacidad, como asimismo por favorecer contenidos altamente peligrosos. A partir del próximo año, las prácticas habituales de Facebook serán tipificadas como delitos, al menos en el Reino Unido.
