Según la acusación, desde septiembre de 1998 Intel ha contratado a 16 ex empleados de Motorola, que actualmente se desempeñan en el centro de desarrollo de microprocesadores situado en Austin, EEUU.
Las intenciones de Motorola son obtener un dictamen judicial que prohiba a Intel ubicar a sus ex empleados en cargos donde Intel pueda beneficiarse de la información que estos tienen sobre los productos de Motorola.
Intel se niega a comentar las acusaciones, aduciendo que se encuentra estudiando los cargos y su trasfondo legal.
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