En la práctica, la ley implica la creación de un organismo estatal cuya función será monitorear constantemente la red a la búsqueda de material ofensivo.
El organismo tendrá además la facultad de ordenar a los proveedores de contenido eliminar aquellos elementos que considere inadecuados, pudiendo además castigar con elevadas multas la inobservancia de sus resoluciones.
El proyecto de ley fue presentado por un senador de apellido Alston, quien ha recibido fuertes críticas de sectores defensores de la libertades ciudadanas. Algunas entidades incluso han exigido la dimisión de Alston, señalando que este desconoce totalmente los principios de la era digital.
