Ocho de las mayores empresas online estadounidenses se han unido para presentar una petición conjunta orientada a reformar procedimientos y principios sobre el acceso de las autoridades gubernamentales a la información de sus clientes.
En un formato de carta abierta dirigida a las autoridades estadounidenses, pero aplicable a los gobiernos de todo el mundo, las empresas firmantes escriben que, a su juicio, es momento que los gobiernos del mundo consideren las prácticas y leyes que regulan el acceso a la información de individuos: “Junto con entender la necesidad de los gobiernos de realizar acciones concretas para garantizar la seguridad ciudadana, creemos firmemente que las leyes y prácticas actuales necesitan ser reformadas”.
Brad Smith, Consejero General y Vicepresidente Ejecutivo para Asuntos Legales y Corporativos de Microsoft, es quizás quien mejor explica el origen de la misiva y la petición planteada: “La gente no utiliza tecnologías en las que no confía. Han sido las autoridades que han socavado esta confianza, por lo que deberían contribuir a restituirla”.
Las empresas firmantes de la petición aseguran que, por su parte, protegerán los datos de sus clientes utilizando las mejores tecnologías de cifrado disponibles, impidiendo así el acceso no autorizado a sus redes. Asimismo, manifiestan su intención de asegurarse que cada solicitud de datos de sus clientes, hecha por las autoridades gubernamentales, esté respaldada por una orden judicial.
Las empresas responsables de la iniciativa, todas estadounidenses, piden a su propio gobierno dar un ejemplo instaurando reformas que aseguren que la vigilancia estatal se realice dentro de un marco transparente, sin ambigüedades, sujeto al escrutinio judicial y proporcional al riesgo que se intentan neutralizar.
En el sitio Reform Government Surveillance, los CEO de las empresas firmantes presentan brevemente sus propios puntos de vista sobre la petición. El sitio plantea 5 principios que sostendrían su petición. Entre otras cosas, incluyen el respeto al libre flujo de la información, junto con la creación de un marco legal que regule la jurisdicción frente a peticiones de datos.
