Según el presidente de la FCC, el republicano Ajit Pai, su objetivo es “ayudar a los competidores y promover la competencia entre las empresas, actualmente maniatadas por la regulación vigente”.
La argumentación contraria, proveniente principalmente de sectores demócratas, postula que la legislación sobre neutralidad de la red impide a los ISP y proveedores de banda ancha aprovecharse de los consumidores, definiendo a qué contenidos darles acceso, y aplicando restricciones a la forma y velocidad en que estos son entregados.
Las leyes de neutralidad de la red fueron creadas como una medida preventiva básica, que impidiera a los proveedores de conectividad a Internet controlar los contenidos transportados por sus redes, en su camino hacia el usuario final, en forma de modificaciones, restricciones, o ralentización. En su mayoría, estos han asegurado que no intervendrían ni que tampoco cobrarían extra por distintos modelos de distribución de contenidos.
Por ahora, FCC ha votado por revertir la legislación existente. Sin embargo, la decisión podría ser anulada por el Congreso, o litigada en los tribunales de justicia, por lo que el proceso podría podría versar por largo tiempo en el sistema legislativo y judicial estadounidense. También existe la posibilidad de que los proveedores de banda ancha respeten las seguridades que han dado hasta ahora, y que no modifiquen la forma en que los contenidos son entregados al usuario. En tal caso, la medida impulsada por Pai no tendría efecto práctico alguno.
En caso de imponerse la iniciativa republicana, también podría ocurrir que algunos proveedores de banda ancha decidan restringir la velocidad de entrega de los contenidos, creando distintas categorías de conectivida y que, en tal caso, los usuarios simplemente se cambien a proveedores que respeten la neutralidad de la red. Así, la neutralidad de la red se convertiría en un argumento de valor comercial agregado.
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