En una firme defensa de su liderazgo en el mercado, Google LLC afirmó el martes que su presencia dominante en el sector de las búsquedas en Internet es legal, atribuyendo su popularidad a la calidad superior de su motor de búsqueda.
En oposición a las acusaciones del Departamento de Justicia estadounidense, Google argumenta que los usuarios insatisfechos con sus servicios pueden cambiar fácilmente a plataformas alternativas. El DOJ alega que la empresa matriz de Google, Alphabet Inc, ha gastado más de 10.000 millones de dólares al año para asegurarse de que los fabricantes, los desarrolladores de navegadores y los operadores inalámbricos utilicen por defecto la búsqueda de Google, asegurándose más del 90% de la cuota de mercado.
Al ser la piedra angular del flujo de ingresos de Google, su buscador es el principal impulsor de sus ventas de publicidad, que a su vez constituyen la mayor parte de los beneficios de la empresa. Según el abogado general de Google, John Schmidtlein, estos pagos a las empresas asociadas no son más que una contraprestación para garantizar la actualización puntual del software del conjunto de servicios de Google.
Schmidtlein también subrayó que los consumidores son libres de sustituir el motor de búsqueda de Google por otras alternativas, como Bing de Microsoft o DuckDuckGo.
Según Reuters, Kenneth Dintzer, abogado principal del Departamento de Justicia, rebatió las afirmaciones de Google, señalando que la empresa también ha trucado las subastas de anuncios para aumentar los costes de los anunciantes. Al Departamento se han unido en su demanda varios fiscales generales estatales que cuestionan el control expansivo de Google sobre Internet, alegando que las condiciones contractuales de Google con los fabricantes de dispositivos ahogan la competencia y violan la privacidad de los consumidores.
El juicio, que se está celebrando en un tribunal federal de Washington D.C., forma parte de una serie de demandas más amplias contra la influencia económica de Google y se está siguiendo muy de cerca como posible indicador de las políticas antimonopolio más enérgicas del gobierno de Biden.
