El informe insta a los gobiernos del mundo abstenerse del celo excesivo que aplican en su labor de vigilancia electrónica. El relator especial de la ONU, David Kaye, autor del documento, declaró al sitio The Intercept que el informe “constituye el primer intento de crear un marco jurídico para la seguridad digital”.
El documento, titulado “Informe del relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión” (documento PDF de 17 páginas, en inglés), establece la postura de la ONU en materia de vigilancia masiva, sugiriendo que las redadas electrónicas organizadas por los gobiernos deben ser sometidas a evaluación y escrutinio, caso por caso.
El documento no es vinculante para los estados miembros de la ONU, pero si hace una serie de sugerencias que Kaye espera informen a los gobiernos y legisladores.
“El documento gravita en torno al marco legal que establecen las normativas de derechos humanos, y garantiza la libertad de expresión. Esperemos que los defensores de la libertad de expresión recurran al documento cuando deban litigar en tales causas”, declaró Kaye a la publicación.
El informe surge en momentos que los Estados Unidos y otros países buscan, por el contrario, ampliar el alcance de la vigilancia electrónica. El informe advierte contra tales propósitos señalando: “Los estados no deben restringir el cifrado y el anonimato, que facilitan, y a menudo hacen imposible, la libertad de opinión y de expresión. La vigilancia generalizada es innecesaria y desproporcionada. Los estados deben evitar todas las medidas que debilitan las garantías de las personas en el ciberespacio, como por ejemplo puertas traseras o estándares de cifrado vulnerables”.
