Durante el fin de semana, China aprobó su primera ley antiterrorista, orientada a mejorar la capacidad del país asiático para combatir al terrorismo doméstico e internacional. La nueva normativa incorpora elementos que, al igual que en occidente, generan controversia. Según la agencia Reuters, la nueva ley implica que las empresas tecnológicas que realicen actividades en China a futuro deberán en entregar a las autoridades locales las claves de cifrado utilizadas por los clientes. Sin embargo, la publicación Wall Street Journal objeta la interpretación de Reuters, señalando que esta disposición formaba parte del proyecto de ley original, pero que habría sido eliminada del texto final.
Con todo, la nueva ley plantea exigencias a las empresas de telecomunicaciones. Según la Agencia China de Noticias, Xinhua, se obliga a los proveedores de conexión a brindar asistencia técnica y cooperación a la policía y autoridades nacionales de seguridad, cuando éstas busquen evitar e investigar actividades terroristas. Estos procedimientos incluyen el acceso a datos cifrados.
La nueva obligación judicial también se aplica a empresas extranjeras, muchas de las cuales tienen un interés cada vez mayor por acceder al gigantesco mercado tecnológico chino.
Li Shouwei, representante del Congreso popular de China, comentó a la agencia Xinhua que la ley será adaptada en los casos que sea necesario, con el fin de combatir el terrorismo. El portavoz agregó que la ley equivale, en principio, a las legislaciones de otros países: “La nueva ley no afectará las actividades normales de las empresas, ni tampoco requerirá la instalación de puertas traseras que vulneren derechos inmateriales, ni la libertad de expresión o libertad religiosa de los ciudadanos”.
Sin embargo, la ley requiere que Internet, los sistemas de telecomunicaciones infraestructuras y datos en sectores estratégicos sean “seguros y controlables”.
Xinhua hace además referencia a una conferencia de prensa realizada el domingo 27 de diciembre, donde An Weixing, funcionaria del Ministerio de Seguridad pública, habría comentado: “los ataques terroristas han causado cuantiosas pérdidas de vidas humanas y de propiedad privada, por lo que constituyen una seria amenaza contra nuestra seguridad, estabilidad, desarrollo económico y unidad étnica”.
La nueva ley entrará en vigor en enero de 2016, y según las autoridades chinas constituye un fundamento legal para las actividades antiterroristas del país, con las que además se regulará la cooperación con la comunidad internacional”.
La fuente agrega que el concepto “terrorismo” queda definido como toda propuesta o actividad que, mediante la violencia, el sabotaje o la intimidación, genere pánico social, socave la seguridad pública, infrinja derechos personales y de propiedad, amenace a organismos gubernamentales u organizaciones internacionales, con el fin de alcanzar objetivos políticos o ideológicos. Esta definición coincide con la declaración de las Naciones Unidas sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional.
