Con el fin de prevenir ataques terroristas y facilitar las investigaciones de aquellos ya perpetrados, Google ha solicitado a los políticos estadounidenses aclarar la normativa que regula el acceso de las autoridades a los datos personales de sus usuarios, cuando estos han sido almacenados en servidores instalados fuera de ese país.
La iniciativa busca armonizar la legislación con la realidad actual, en que las organizaciones de TI y las autoridades deben dedicar considerable tiempo y recursos a requerir información, procesar el requerimiento y entregar los datos.
La propuesta de Google se produce de manera paralela a una iniciativa similar presentada por la Comisión Europea, aunque limitada sólo a los países de la UE.
Con ello, Google se suma a una iniciativa similar presentada por Microsoft. En los últimos años, ambas empresas han negado a las autoridades estadounidenses acceso a sus servidores situados fuera de Estados Unidos, cuando la orden judicial ha estado firmada únicamente por un juez de ese país. El razonamiento de los departamentos jurídicos de Google y de Microsoft ha sido que la legislación aplicable debe estar definida por la ubicación geográfica de los servidores, y no por la nacionalidad de la empresa propietaria de los mismos.
Google propone además elaborar procedimientos menos burocráticos, en que el acceso a los datos sea más expedito cuando exista fundamento jurídico. Asimismo, sugiere que los requerimientos de acceso no sean generales, sino específicos; por ejemplo, que los investigadores sólo requieran correos electrónicos con contenido determinado, y no acceso total a la cuenta del caso.
