Las agencias estadounidenses de seguridad han intentado forzar a las empresas tecnológicas a instalar “puertas traseras” (o vulnerabilidades de seguridad) en sus productos, que les permitan tener acceso a comunicaciones cifradas. En otros casos, la manipulación de productos ha sido subrepticia, sin que el fabricante siquiera se haya enterado. Uno de los ejemplos más emblemáticos en tal sentido fue la manipulación de hardware de Cisco por parte de la NSA.
Este proceder del gobierno han sido recibido con fuertes críticas por la industria, que ve perjudicadas sus posibilidades en los mercados internacionales, habida cuenta que los potenciales compradores desconfían, como es natural, de productos que contengan puertas traseras instaladas de fábrica. El propio CEO de Cisco, pidió a Barack Obama “controlar a la NSA“. Otro argumento en contra de la estrategia gubernamental estadounidense es que tales puertas traseras podrían ser activadas no sólo por el gobierno estadounidense, sino también por otros gobiernos, o por delincuentes.
En un documento filtrado al periódico de Washington Post, elaborado por el Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos (NSC), la entidad sugiere que el gobierno adopte una postura “suavizada”, que le permita persuadir al empresariado tecnológico, con el fin de alinearlo con la estrategia gubernamental de puertas traseras.
En el documento de NSC, denominado Revisión de Enfoques Estratégicos, se califica de improbable la aprobación de una legislación que obligue a las empresas a instalar puertas traseras de fábrica. Sin embargo, a pesar del clima político, los servicios de inteligencia de Estados Unidos no han abandonado del todo esta posibilidad. En un correo electrónico enviado en agosto por el abogado de los servicios de inteligencia Robert S. Litt, también obtenido por Washington Post, el funcionario escribe que el actual ambiente, hostil frente a la iniciativa “podría cambiar en el evento de un ataque terrorista o criminal, donde se demuestre que un sistema de cifrado impidió la aplicación de la ley”. Litt argumenta que, por lo tanto, las autoridades “deberíamos estar atentas a las opciones que resultarían de una situación de tales características”.
Posteriormente, el funcionario de seguridad sugiere un calendario de intervenciones del presidente Barack Obama, que tenga como objetivo perfilar al gobierno como partidario de la libertad de las comunicaciones. Según el Washington Post, el material evidencia preocupaciones del gobierno estadounidense de ser percibido, a nivel internacional y por sus ciudadanos, como un Estado del tipo “hermano mayor”. La intención sería que durante septiembre, el presidente Obama se dirija a países aliados con el fin de manifestar “la fuerte objeción” del gobierno contra “el acceso obligado a los datos”. Para octubre, se sugiere que el presidente haga declaraciones de repudio al acceso obligatorio a los datos, instando de paso a las organizaciones estadounidenses a resistirse frente a iniciativas en tal sentido, emprendidas por gobiernos de otros países. Para noviembre se espera generar consenso y debates en torno al tema del cifrado, con el fin de crear un ambiente de cooperación voluntaria en la industria tecnológica. El objetivo sería que este enfoque elimine el recelo de la industria fuente de la administración estadounidense, fomentando así la cooperación en torno a temas que incluyan el cifrado.
