El caso fue desestimado inicialmente debido a que los demandantes presentaron el recurso legal demasiado tarde. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito de EE.UU. anuló la decisión, allanando potencialmente el camino para una nueva impugnación.
Los denunciantes sostienen que HP engañó a los accionistas al hacer declaraciones fraudulentas sobre su negocio de suministros de impresión en 2015 y 2016. En junio de 2016, HP anunció planes para reducir los inventarios de productos en todos los canales de distribución, lo que disminuiría los ingresos por suministros de impresión en casi 450 millones de dólares en dos trimestres de ese año. En septiembre de 2020, la Comisión del Mercado de Valores (SEC) impuso una multa de 6 millones de dólares a HP por estas prácticas de venta.
Según la SEC, los directores regionales incentivaban al personal para que acelerara las ventas y ofreciera suministros con descuento a los revendedores vinculados a HP, lo que provocaba la canibalización de las ventas de los distribuidores afiliados. HP operaba con un “modelo push”, ofreciendo incentivos a los distribuidores de nivel 1, que a su vez vendían a los distribuidores de nivel 2, quienes a su vez vendían productos HP a otros revendedores o usuarios finales. Estas ventas con descuento canibalizaban las ventas de los distribuidores locales, obligándoles a bajar los precios para competir con los productos rebajados de otros territorios.
La SEC alegó que los inversores de HP no fueron informados de estas prácticas, lo que condujo a una rápida impugnación legal poco después del acuerdo de resolución de la SEC. En marzo de 2022, un tribunal de California desestimó el caso, afirmando que los inversores deberían haber presentado una denuncia en el plazo de dos años tras descubrir las actividades fraudulentas. Sin embargo, se argumentó que los inversores no podían haber tenido conocimiento de estas actividades antes de la resolución de la SEC.
El éxito de la apelación permite ahora a los inversores reclamar una indemnización a HP. Darren Robbins, abogado del fondo de pensiones con sede en Maryland que lidera la demanda, declaró a Reuters que la decisión ayudará a los inversores que busquen una solución al litigio.
