La causa de lo anterior radica en una deficiencia de la legislación rusa, que no penaliza la distribución de pornografía infantil. Las autoridades de Moscú se defienden señalando que producción no es lo mismo que distribución, a la vez que aducen que en el país no se produce más pornografía infantil que en otras naciones.
La legislación rusa no establece diferencias entre los distintos tipos de pornografía, por lo que la pornografía infantil o pornografía animal son evaluadas al mismo nivel que la pornografía corriente, escribe BBC.
Diversas organizaciones internacionales han criticado constantemente la pasividad de los legisladores y el Ejecutivo ruso, debido a que nada han hecho, hasta ahora, para modificar sus leyes con el fin de impedir su explotación por parte de los distribuidores de pornografía infantil.
El efecto es el siguiente: Sólo en lo que va del año, la policía rusa ha detectado 3.000 nuevos sitios que ofrecen imágenes pornográficas de menores de edad. Cada uno de tales sitios percibe mensualmente ingresos de aproximadamente 30 mil dólares.
Los elevados niveles de facturación que tales sitios generan en conjunto, llevan a suponer que, lamentablemente, las autoridades no reaccionan como debieran con el fin de cobrar los impuestos devengados por las actividades de los depravados.
En Rusia, al contrario que en la mayor parte del mundo civilizado, los distribuidores de pornografía infantil no son considerados delincuentes. De igual modo, la ley establece que es legítimo filmar sexo entre personas, a menos que la policía logre probar que uno de los participantes es menor de CATORCE años.
Tal situación posiblemente cambie con la presentación de un nuevo proyecto de ley, que penalizará la pornografía infantil y que castigará su producción y distribución con un máximo de seis años de cárcel.
