La denuncia de Rousseff se basa en revelaciones filtradas en junio pasado a la opinión pública mundial del ex contratista de la Agencia Nacional de Seguridad Estadounidense (NSA), Edward Snowden. Según trascendió, algunos de los documentos ponían en evidencia el espionaje directo de intereses brasileños por parte del gobierno de Estados Unidos. En particular, la NSA llegó a intervenir directamente las comunicaciones electrónicas de la mandataria brasileña.
La presidenta de Brasil condenó en duros términos tal interferencia, que calificó de “atentado a la soberanía de los estados”, “abuso contraa la libertad de expresión, y “violación de los derechos humanos”.
Aunque Rousseff evitó referirse de manera directa a Estados Unidos, es indudable que la presidenta se refería al espionaje global orquestado por la NSA. Rousseff calificó tales actividades de ofensa a la legislación internacional y a los principios que deben regir las relaciones entre los estados. “Es un grave caso de violación de los derechos civiles y una falta de respeto a la soberanía de Brasil”, recalcó.
Como reacción directa contra tales actividades, Rousseff canceló recientemente una visita oficial a Washington, programadas para fines de octubre. Asimismo, el gobierno de Brasil solicitó explicaciones formales a la Casa Blanca.
Después de hacer su denuncia, la presidenta de Brasil propuso ante la Asamblea General de la ONU la elaboración de una norma global que regule el uso de Internet con el fin de impedir prácticas semejantes.
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