La actual legislación no tipifica como delito la introducción de los virus informáticos, sino se limita a castigar los efectos ilegales de su difusión.
De acuerdo a este documento, el acceso y daño a una computadora o al sistema es considerado un crimen de tercer grado, el cual enfrenta una sentencia de siete años y una multa de $15,000. Por otra parte, la intervención de una computadora, el sistema, la red, cesión ilícita de contraseñas o cualquier otra informacion confidencial sobre el sistema, es considerado como un delito menor de primer grado, con una pena máxima de cinco años y una multa de $10,000, escribe CNN.
Así mismo, el acusado deberá pagar a la víctima el costo de la reparación o reposición del sistema infectado, las pérdidas generadas durante el periodo en el cual el sistema estuvo fuera de funcionamiento, así como remplazar o restaurar datos perdidos o dañados. El nivel de restitución deberá ser determinado por un juez.
