Según fuentes del entorno político de Washington, la mayoría de los mensajes del caso tienen relación con temas electorales, aunque algunos de ellos son de índole más sensible, tales como temas comerciales e incluso sobre el denominado caso Lewinsky.
Las mismas fuentes señalan que habría sido el propio Presidente Bill Clinton quien dio la orden de borrar los 100.000 mensajes, en un procedimiento irregular según la normativa fiscal estadounidense.
Al conocerse la noticia, un comité parlamentario requirió las versiones impresas de los e-mail borrados, aunque todo hace suponer que los archivos fueron borrados definitivamente.
