Con ello, la confiscación realizada en enero pasado de 100.000 hojas de documentación de las oficinas de Microsoft en Tokio no dio resultado alguno. En su momento, las investigaciones se iniciaron como resultado de consultas entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión de Comercio Justo de Japón (Fair Trade Commission), debido a que Microsoft habría suscrito acuerdos con proveedores japoneses de conexión a Internet, según los cuales estos se comprometerían a imponer a sus abonados el uso del lector web Internet Explorer. Otro factor que despertó el interés de las autoridades fue que Microsoft suscribió acuerdos con fabricantes de computadoras, según los cuales estos venderían sus productos con los programas Word y Excel preinstalados.
Las investigaciones determinaron que Microsoft no infringió la legislación japonesa antimonopolios para el caso de los proveedores de acceso a Internet. Sin embargo, si quedó probada la ilegalidad de la instalación de Word y Excel en computadoras nuevas. Por ello, la citada Comisión requirió a Microsoft no incurrir nuevamente en tales actividades.
En un comunicado, Microsoft contrasta la actitud flexible de las autoridades japonesas, que se limitaron a amonestar a la compañía, con los actuales ataques de nuestro propio gobierno contra uno de los principales exportadores estadounidenses.
