En marzo pasado, SCO demandó a IBM por ka suma de mil millones de dólares por piratería de software. A juicio de los demandantes, IBM distribuía el sistema operativo Linux ilegalmente, ya que este contenía código fuente propiedad de SCO.
Al negarse IBM a pagar la indemnización inicial, SCO elevó su exigencia a tres mil millones de dólares, además de comenzar a enviar facturas a usuarios corporativos de Linux, por las versiones de servidores y estaciones de trabajo. A modo de pruebas de sus exigencias, SCO ha presentado algunas porciones de código supuestamente copiado de Unix. La evidencia ha sido cuestionada por expertos independientes y círculos Linux especializados.
En esta oportunidad, IBM ha incorporado nuevos cargos a la contrademanda que presentara en agosto pasado contra SCO por incumplimiento de los términos de la licencia GPL, que forma la base de la distribución del código de Linux. IBM presenta siete casos concretos de código desarrollado internamente en IBM, que luego fuera aportado al kernel de Linux. La propiedad de IBM con respecto a tal código está protegida por GPL, aun cuando el código sea distribuido gratuitamente. A entender de IBM, SCO ha infringido las disposiciones de GPL, a la vez que ha distribuido por cuenta propia el sistema Linux con los elementos aportados por IBM. A la luz de tal análisis, SCO habría violado el copyright de IBM.
En su contrademanda revisada, IBM invoca además una figura legal estadounidense conocida como promissory stoppel, que implica perjuicio económico resultante de incumplimiento de un acuerdo. Básicamente, IBM considera haber adoptado importantes decisiones empresariales basándose en el compromiso de SCO de respetar los términos de GPL. En consecuencia, el incumplimiento por parte de SCO habría resultado en un perjuicio económico directo para IBM.
IBM solicita además un pronunciamiento judicial que obligue a SCO a abstenerse de sus pretensiones de limitar el uso del software que la propia compañía ha distribuido anteriormente como GPL. En términos reales, esto implicaría exigir a SCO desistir de sus intenciones de cobrar el pago de licencias o indemnizaciones por el uso de Linux.
