Un grupo de 30 expertos adscritos a diversas universidades y centros de investigación europeos firmaron una misiva de protesta enviada al Parlamento Europeo. En la carta se objeta una propuesta cuya adopción como ley permitiría solicitar patentes para programas informáticos.
A juicio de los firmantes, la instauración de un sistema de patentes para el software no haría sino consolidar las estructuras de poder y control de las que ya se benefician algunas compañías del sector, mediante los sistemas de protección de la propiedad intelectual.
En su carta, los expertos señalan que en caso de ser posible patentar el software no sólo se limitaría considerablemente el ritmo de desarrollo, sino se estaría amenazando directamente a la democracia y la gran sociedad. La causa aducida sería que las herramientas usadas en los procesos democráticos como por ejemplo discusiones, flujo de opiniones y sector mediático dependen en grado mayúsculo del uso de software.
Los firmantes consideran que un sistema de patentes facilitaría la consolidación de monopolios privados y debilitaría a la democracia.
Por ello, concluyen que el Parlamento Europeo no debería aceptar una ley que hiciera posible ser dueño de lo que no debería ser propiedad de nadie, es decir, de ideas fundamentales sobre software y algoritmos, métodos para el manejo de información y sobre la forma en que los humanos y las computadoras interactúan.
