Documentos confidenciales han revelado cómo el gigante de las telecomunicaciones Ericsson habría participado en el pago de sobornos al grupo terrorista Estado Islámico, con el fin de seguir vendiendo sus servicios después de que los militantes se hicieran con el control de amplias zonas de Irak. Aparte de los hallazgos sobre los presuntos pagos al EI, investigación reveló actos de corrupción por parte de Ericsson en al menos 10 países, entre ellos Brasil.
Según el diario británico The Guardian, lo anterior sugeriría un patrón de irregularidades por parte de Ericsson mucho más amplio de lo que el gigante de las telecomunicaciones admitió públicamente en 2019, cuando llegó a un arreglo extrajudicial con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que implicó el pago de una multa por 1.000 millones de dólares
Hace dos semanas, Ericsson hizo una declaración pública en la que admitía “graves infracciones de las normas de cumplimiento” en Irak entre 2011 y 2019. Desde entonces, la empresa sueca se ha estado preparando para la divulgación completa de los informes, filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que luego los compartió con medios de comunicación como la BBC, el Washington Post y The Guardian.
El legajo de documentos filtrados, de 101 páginas, fue redactado en 2019 y 2020. Registra los resultados de las investigaciones internas encargadas por Ericsson sobre la presunta corrupción de la empresa en todo el mundo.
Los investigadores concluyeron que es probable que la multinacional haya participado en la canalización de sobornos al IS para permitir el transporte de sus productos a través de sectores de Irak controlados por los terroristas durante el régimen del Estado Islámico.
Según los investigadores, los pagos se efectuaron a través de un fondo para sobornos gestionado por contratistas que trabajaban para la multinacional sueca.
The Guardian observa que tras las preguntas de los periodistas sobre los documentos filtrados a principios de este mes, Ericsson parece haber intentado adelantarse a una crisis de relaciones públicas publicando un comunicado en su página web donde admite parcialmente las conclusiones de los investigadores.
En el comunicado, Ericsson dijo que el equipo investigador había “identificado pagos a intermediarios y el uso de rutas de transporte alternativas para eludir las aduanas iraquíes, en un momento en que las organizaciones terroristas, incluido el Estado Islámico, controlaban algunas rutas de transporte”.
“Los investigadores no pudieron determinar los destinatarios finales de estos pagos. También se identificaron esquemas de pago y transacciones en efectivo que potencialmente creaban el riesgo de blanqueo de dinero.”
El comunicado también admitió que los empleados de Ericsson habían incurrido en una conducta indebida generalizada en Irak y habían cometido violaciones “graves” de sus reglamentos, incluidos los pagos irregulares y el impago de impuestos, entre 2011 y 2019.
Según los investigadores, Ericsson, que opera en Irak desde hace años y vendió equipos por valor de 1.900 millones de dólares entre 2011 y 2018, recibió ofertas de empresas que estaban dispuestas a transportar sus equipos a través de Irak. La multinacional eligió un contratista que costaba más dinero que otras firmas, pero que prometía entregas garantizadas y más rápidas. Esta opción de precio superior se conoció como “servicio de vía rápida” en contraste con “la vía legal”, según recogen los documentos.
Ericsson dijo que había publicado la declaración porque estaba “comprometido con la transparencia”. Sin embargo, el gigante de las telecomunicaciones se negó a responder a múltiples preguntas de The Guardian, el ICIJ y otros medios de comunicación, incluso sobre posibles infracciones en varios países que no se mencionaban en su acuerdo de 2019 con el Departamento de Justicia.
Ericsson se declaró culpable de pagar decenas de millones de dólares en pagos corruptos a través de fondos secretos entre 2000 y 2016 en el acuerdo. Las admisiones se referían a solo cinco países: Yibuti, China, Vietnam, Indonesia y Kuwait. Sin embargo, los documentos filtrados enumeran pruebas de presunta corrupción e irregularidades en otros 10 países durante la última década.
En efecto, en los documentos se acusa a Ericsson de estar implicada en actos de corrupción durante la adjudicación de un contrato en Sudáfrica y de actuar de forma fraudulenta durante la adquisición de una empresa en Estados Unidos. Los investigadores identificaron otras presuntas conductas ilícitas en Brasil, Azerbaiyán, Libia y Marruecos.
Ericsson y el DoJ declinaron hacer comentarios cuando se les preguntó si las pruebas de posibles irregularidades en los otros 10 países habían sido reveladas a los fiscales estadounidenses antes de acordar los términos del acuerdo de 2019. El Departamento de Justicia tiene derecho a iniciar una nueva acción judicial si considera que Ericsson en su momento no reveló toda la información que obraba en su poder.
Ericsson, con sede en Estocolmo, emplea a 100.000 personas y vende equipos de telecomunicaciones en 180 países. Desempeña un papel destacado en el desarrollo de la próxima generación de tecnología de telefonía móvil 5G.
