Con ello, el gobierno estaría eliminando un importante obstáculo para la propagación y aceptación mayoritaria del comercio electrónico, que en buena medida depende de la seguridad de las transacciones. La única forma en que las empresas dedicadas al comercio electrónico pueden garantizar tal seguridad es protegiendo el intercambio de información digital con el cliente mediante el uso de fuertes algoritmos de encriptación.
La decisión gubernamental puede entenderse como un triunfo del sector informático, que no ha cesado en sus críticas de las leyes que, a su entender, más que proteger la seguridad del Estado atentaban contra la imprescindible propagación del comercio electrónico, vital para la prosperidad de la nueva economía.
La nueva modificación legal hará posible exportar prácticamente cualquier software de encriptación hacia terceros países, exceptuando aquellos que figuran en la lista de exclusión del Departamento de Estado: Libia, Corea del Norte, Cuba, Irán, Irak, Siria y Sudán.
