La Ley de Protección de la Integridad e Infraestructura Crítica de Internet fue propuesta en mayor por Orrin Hatch, presidente del Comité de Justicia y parlamentario republicano de Utah. Sin embargo, muchas de las disposiciones contenidas en su proyecto de ley fueron corregidas o eliminadas.
Una de las disposiciones que fue corregida trata sobre la actual ley federal de daños por 5.000 dólares causados por crímenes cibernéticos. En la actual ley, un delito que cause daños por un monto menor a los 5.000 dólares no cae bajo la jurisdicción federal a menos que se considere que el crimen sea una amenaza a la seguridad pública, dañe a una persona o impida un tratamiento médico. El proyecto de ley original había eliminado el principio de los 5.000 dólares, por lo que una gran variedad de delitos informáticos menores se hubieran elevado al nivel de ofensa federal.
El documento corregido retiene el principio de los 5.000 dólares para jurisdicción federal cuando se trate de ataques de hackers, la propagación de virus y otros crímenes informáticos comunes, pero clarifica como son calculados los 5.000 dólares en daños y limita las acciones civiles excluyendo diseño o manufactura negligente de hardware, software y firmware.
El documento original también hubiera hecho de un acceso sin autorización a una computadora personal un crimen federal.
El comité eliminó, entre otras cosas, una propuesta que habría elevado a nivel federal abusos o fraudes informáticos perpetrados por empleados gubernamentales. También eliminó la intención de intensificar el enjuiciamiento de menores de edad que incurrieran en delitos informáticos.
Por su parte, el senador demócrata de Vermont, Patrick Leahy, señaló que las disposiciones eran exageradas. Añadiendo, cada uno de los 50 estados tienen sus propias leyes contra crímenes computacionales, por lo que las leyes federales solamente necesitan abarcar las ofensas para las cuales la jurisdicción federal es apropiada.
Nuestras leyes federales no necesitan abarcar cada y todos los crímenes menores, así como abusos computacionales accidentales e inofensivos, señaló Patrick Leahy, senador demócrata de Vermont a IDG.
Por otra parte, el documento autorizaría la asignación de 100 millones de dólares para el establecimiento de un centro nacional de soporte técnico contra el crimen cibernético y 10 laboratorios regionales para computadoras forenses.
Adicionalmente, la nueva ley podría otorgar 5 millones de dólares a la división de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual del Departamento de Justicia.
