A pesar de las auspiciadoras cifras de pleno empleo, en el área de las Tecnologías de la Información hace tiempo se está viendo un fenómeno de alta rotación y falta de recursos calificados. La demanda por profesionales y/o técnicos especializados es mucho mayor que la oferta. Un problema mayor si se considera el avance incesante de las tecnologías y su cada vez mayor uso y dependencia transversal en todas las aristas del quehacer social y económico.
Al respecto, según un reciente estudio de la consultora internacional IDC, la demanda de profesionales capacitados en TI, en Latinoamérica, llegaría a un 35% de aquí al 2015; y en Chile, bordearía el 40%. Falta de interés y una oferta académica poco atractiva serían las principales razones, de dicho déficit, de acuerdo a lo informado en el reporte.
Más allá de las cifras, lo que falta en Chile es una política país orientada a la economía del conocimiento, donde los esfuerzos sean conjuntos entre Estado, privados y academia para potenciar los talentos y crear capital humano capaz de producir valor. Tarde o temprano, el cobre se va a terminar y el país, entonces, debe ser capaz de tener un “plan B”. En ese sentido, convertirse en una plataforma de servicios, como lo ha hecho Singapur, podría ser una excelente alternativa.
Para ello, no sólo se requiere actualizar leyes que favorezcan y faciliten el trabajo extranjero, de manera tal que no se perjudique el empleo y la producción local; sino también crear una estrategia de incentivos, tributarios, por ejemplo, para potenciar la transferencia tecnológica y generar mano de obra capacitada y valorada.
Asimismo, incrementar los recursos destinados a Investigación & Desarrollo y los programas que favorezcan el pensamiento TI desde la escolaridad, son claves. En ese plano, el papel de la empresa privada es fundamental, pues ella es la llamada a generar puentes de trabajo junto con las universidades e institutos profesionales para buscar, apoyar y desarrollar los talentos. Esto, eso sí, sólo será posible si el Estado es capaz de construir un respaldo adecuado y un marco regulatorio que lo permita y favorezca. Claramente, apuntar a una economía del conocimiento para Chile es tarea de todos.
