En caso de ser aprobada la ley por el Congreso, la policía no requeriría de una orden judicial para interceptar buscapersonas, sino podría hacerlo por resolución operativa interna. La única excepción sería para el caso de los mensajes alfanuméricos (transmisiones de texto), cuya interceptación requeriría la orden de un juez.
David Banisar, destacado defensor de la privacidad ciudadana, declaró a Wired News que, con su proyecto, las autoridades intentan eludir la Constitución y transgredir el derecho a la privacidad de millones de propietarios de buscapersonas.
