La medida supone una postura diametralmente opuesta a la adoptada y defendida intensamente por el gobierno de Washington.
La decisión del gobierno de Ottawa también implica un desconocimiento de las recomendaciones de sus propios servicios de inteligencia y se produce a pesar de un intenso flujo de delegaciones oficiales estadounidenses que intentaron presionarle a alinearse con Estados Unidos en el tema de la encriptación.
Como es sabido, Washington es de la idea de que debe haber limitaciones claras para el uso de sistemas de encriptación de alto nivel y que los organismos de inteligencias deben estar facultados para exigir las claves usadas frente a sospechas de uso criminal de tales sistemas.
