Con todo, el objetivo fundamental de la propuesta era positivo, ya que apuntaba a crear las condiciones legales que favorecieran el desarrollo del comercio electrónico. Sin embargo, la forma ideada por el gobierno para implementar tal ideal fue objeto de críticas, basadas principalmente en el factor de la protección de la privacidad del consumidor que, a juicio de los críticos, se vería resentida con la incorporación de las denominadas firmas digitales.
Ante el rechazo de especialistas y parlamentarios ante el proyecto original, el gobierno del Premier Tony Blair se encuentra redactando un nuevo proyecto de ley, que incorpora sustanciales modificaciones al texto original.
Según filtraciones recogidas por la prensa inglesa, el nuevo proyecto elimina un elemento que había causado gran controversia, y que proponía el encarcelamiento por dos años de quienes no proporcionaran sus claves de descifrado de objetos (texto, programas, imágenes, etc) encriptados, a la policía y autoridades judiciales cuando estas lo requirieran. Según el proyecto de ley rechazado, incluso los proveedores de servicios Internet (PSI) arriesgaban hasta cinco años de cárcel si informaban a sus clientes que la policía estaba en posesión de sus claves.
Comentando la revisión del proyecto, el portavoz del Ministerio del Interior de Inglaterra declaró a los medios que el usuario común no tiene nada que temer; nuestro proyecto de ley se ajustará plenamente a la Convención Europea de Derechos Humanos. Nuestro objetivo es perseguir a los delincuentes y no a los usuarios corrientes de la red.
