La querella, presentada en Michigan, se basa en las leyes estadounidenses sobre propiedad intelectual y marcas registradas. La demanda es la primera en una ofensiva iniciada por la compañía para proteger sus intereses frente al lucrativo negocio de la piratería de software.
La reacción legal no sólo apunta a proteger los intereses de Microsoft, sino también de los distribuidores establecidos, que ven parte importante de sus ingresos desaparecer en el mercado ilegal.
Un vocero de los distribuidores aplaudió la medida, recalcando el nefasto efecto que la piratería informática tiene para sus actividades. De igual modo, señaló que los distribuidores secundarán a los productores de software en la lucha contra los piratas.
