En lo medular, la conferencia aspira a la creación de un derecho penal internacional basado en las directrices emanadas de un proyecto ad-hoc aprobado ya por el Consejo de Europa y respaldado por Estados Unidos, Canadá, Japón y Sudáfrica.
De igual modo, los estados participantes desean establecer las bases para una coordinación eficaz de las medidas de contención del crímen informático. Es en ese punto donde se producen los desacuerdos, básicamente representados por la posición intrusiva de Estados Unidos respecto a la soberanía nacional y la privacidad personal, contra las más soberanistas posturas europeas. A modo de ejemplo, se indica que Estados Unidos propone la creación de un poder policial omnipotente, que en su persecución electrónica de delincuentes incluso pueda penetrar sistemas informáticos pertenecientes a Estados extranjeros.
En las deliberaciones del G-8 participan además representantes de gigantes corporativos multinacionales como Microsoft, IBM, ATT, America Online, Motorola Siemens, Alcatel y Toshiba.
