La medida se produce luego de una resolución adoptada por el Consejo Europeo en marzo pasado en el sentido de acelerar el proceso de creación de un marco legal común para el comercio electrónico.
Al convertirse en ley de la Unión Europea, los quince países miembros deberán incorporar la nueva directiva a sus propias legislaciones. El efecto práctico es evidente, ya que los actores comunitarios del comercio electrónico y los consumidores ya no se verán en la necesidad de consultar e interpretar 15 legislaciones distintas a la hora de hacer negocios en la nueva economía.
La directiva se convertirá en ley común de la Unión Europea dentro de 18 meses, que es el plazo previsto para que los países comunitarios hayan ratificado el instrumento.
Un aspecto de gran relevancia en la nueva normativa es que establece jurídicamente la ubicación de un negocio, que pasa a ser el lugar donde se desarrolla la actividad económica del prestador de servicios, independientemente de dónde se encuentre el proveedor de acceso o la tecnología.
Otro elemento de interés, habida cuenta de las dificultades legales en que se han visto varios PSI (proveedores de servicios de Internet) , es que la directiva exime de responsabilidad, en caso de conflicto, a los prestadores de servicios intermediarios, es decir, aquellos actores cuya labor se limita a transmitir o almacenar la información.
