A juicio del DOJ, la demora podría causar un daño irreparable a la competencia en un sector vital de la economía nacional, argumentó el Departamento de Justicia en su informe, agregando que es especialmente importante para el crecimiento rápido de la industria tecnológica, la cual necesita saber cómo será afectada por el resultado del caso.
El DOJ considera que la Corte Suprema tiene la autoridad, y por lo tanto la responsabilidad, de asegurar que el interés público no sea dañado y que la justicia no sea negada debido a la demora.
La petición del gobierno se fundamenta en provisiones de la ley antimonopolios, y apunta a que el caso se resuelta en el plazo de un año, situación que no ocurriría si la Corte Suprema se opone a tramitar el caso directamente.
Ninguna empresa en las industrias afectadas puede planear confiadamente o comprometer recursos hasta que sepa si o cuando el fallo final tendrá efecto, señala el gobierno en su petición a la Corte Suprema.
Microsoft, que se opone terminantemente a las aspiraciones gubernamentales de llevar el caso directamente a la Corte Suprema, señaló que tal tribunal se beneficiaría de una revisión inicial hecha por la Corte de Apelaciones de esta compleja y técnica apelación.
