Basándose en lo anterior, una compañía de Florida estuvo buscando las identidades de ocho personas quienes criticaron a su gerente general en una sala de chat. La citación había sido bloqueada temporalmente, pero la corte de apelación decidió darle procedimiento.
Por su parte, la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), entidad que representa a los acusados había pedido a la corte decidir si el gerente en cuestión había sido difamado antes de identificar a los acusados. ACLU argumentó que si no habían existido difamaciones, entonces los críticos tenían el derecho de permanecer en el anonimato.
Generalmente, en casos como estos, una compañía que se siente difamada presenta una querella “contra quien pudiera resultar responsable”. Una vez que la demanda es acogida por el tribunal, los querellantes pueden valerse de tal hecho para lograr la identificación de los implicados por parte de los proveedores de servicios Internet, habida cuenta de que se ha abierto un expediente judicial.
La compañía no tiene porque molestarse en gastar tiempo y dinero en un juicio por difamación. Una vez que tiene identificado al difamador, asumiendo que es un empleado, la compañía puede ejercer represalias fácilmente.
Si alguien es acusado de difamación, el anonimato debe ser preservado hasta que la difamación es probada. De lo contrario, la citación puede ser usada para silenciar a los críticos”, señaló Electronic Frontier Foundation en una comunicación a los medios.
