Observadores hondureños pronostican que la ley no encontrará mayor resistencia en el sistema judicial antes de ser firmada por el Presidente Ricardo Maduro. Así, la ley entrará en vigor en 2003 y calificará automáticamente de ilegales todos los videojuegos de contenido violento.
De esa forma, los comercios del rubro cuentan ahora con un plazo de seis meses para vender sus existencias de juegos violentos.
La nueva ley forma parte de un proyecto gubernamental y legislativo orientado a reducir la creciente violencia callejera en el país centroamericano y, en especial, aquella protagonizada por pandillas juveniles.
A juicio del gobierno hondureño, parte de la violencia es atribuible a la inspiración que representan algunos videojuegos.
Este año, Grecia intentó aplicar una ley similar, que debió modificar sustancialmente como resultado de una masiva oposición nacional e internacional.
