Pero además, les brindaba la información necesaria que les permite detectar situaciones de riesgo en materia de uso legal de los programas de software. Diferentes miembros de la BSA llevan a cabo directamente diversos tipos de acciones judiciales contra los infractores según la legislación vigente; acciones administrativas, civiles y/o penales.
Estas iniciativas de BSA, al igual que todos sus programas, tienen un fuerte componente educativo que busca advertir, educar y concientizar a los usuarios sobre las ventajas y beneficios que trae la legalidad para el país, las empresas y para el usuario en cada uno de sus hogares. Gracias al bienestar socio-económico, el aporte a las economías nacionales y los bienes y servicios de valor agregado que es capaz de generar la industria del software, más colombianos tenemos acceso a la tecnología en general y así mismo a computadores y software, lo cual en sí mismo genera nuevos focos de piratería que contrarrestamos por medio de todos nuestros programas e iniciativas, comentó Ian Raisbeck, Apoderado de BSA en Colombia.
Para Ian Raisbeck, Apoderado de BSA en Colombia, estas herramientas tienen como objetivo alertar e informar a los ciudadanos o empresas sobre posibles conductas que no se ajustan con la legalidad ni las normas vigentes. Luego de un análisis sectorial previo de BSA, muchos de quienes son contactados agradecen esta alerta pues desconocen las implicaciones o alcances de las normas y algunos podrían estar en situaciones irregulares sin mayor conocimiento, explicó Raisbeck.
En Colombia el código Penal establece multas y sanciones para quienes reproducen, utilizan y comercializan software sin autorización de su titular, es decir, sin una licencia de por medio o por fuera de los parámetros de la licencia obtenida.
Así las cosas, las conductas mencionadas, así como otras, pueden acarrear la imposición de una pena de prisión que va desde cuatro (4) a ocho (8) años, y multas desde veintiséis coma sesenta y seis (26,66) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio de la obligación de reparar el daño a quienes resulten afectados por tales conductas y la posible incautación de equipos y el cierre de establecimientos utilizados para materializar el delito.
En Colombia existen múltiples casos de personas que han sido procesadas por infringir las normas inherentes al Derecho de Autor. Autoridades como la Fiscalía General de la Nación, a través de la Unidad de Delitos contra la Propiedad Intelectual y las Telecomunicaciones ha desplegado estrategias mucho más rigurosas y agresivas en materia de investigación con el fin de judicializar a quienes desarrollan este tipo de actividades.
Son múltiples los casos en Colombia en que personas dedicadas a la violación de los Derechos de Autor de obras musicales, libros y software han sido judicializadas, haciéndose merecedoras de penas de prisión y multas, así como haber tenido que pagar los daños y perjuicios causados a las víctimas. Algunas de estas personas han sido merecedoras de rebajas en las penas por colaboración con la justicia.
Si bien el desconocimiento de las normas no exime de una potencial sanción por violación a los Derechos de Autor facultad que asiste a las autoridades nacionales al momento de realizar a las acciones de control en el cumplimiento de sus funciones en Colombia cerca del 59% de los programas de software instalados son ilegales según la última medición de International Data Corporation (IDC), situación que representa un gran potencial de riesgo entre las empresas de Colombia.
