El Tribunal General de la UE ha confirmado esta semana en lo esencial las sanciones antimonopolio récord impuestas a Google por agrupar Google Search y Chrome con Android.
El Tribunal está “ampliamente de acuerdo” con la decisión de la Comisión de que Google restringió ilegalmente a los fabricantes de dispositivos Android y a los operadores de red para reforzar su motor de búsqueda.
Los jueces confirmaron la mayoría de los argumentos de la Comisión Europea, pero redujeron las sanciones de 4.300 millones de euros a 4.100 millones.
“Para representar mejor la intensidad y la duración de la infracción, el Tribunal General considera aceptable sancionar a Google con 4.125 millones de euros”, dictaminaron los jueces.
La causa contra Google comenzó en 2015. En 2018, la Comisión Europea acusó a Google de obligar injustamente a los fabricantes de dispositivos a instalar la aplicación Google Search y el navegador Chrome como condición para obtener licencias de Play Store.
Según se informa, Google impuso a los fabricantes de Android la firma del “Acuerdo de Distribución de Aplicaciones Móviles” (MADA, por sus siglas en inglés), que requiere que los fabricantes que incluyan un producto de Google integren una enorme colección de otros productos de Google y hagan de éste el motor de búsqueda predeterminado. Específicamente, se trataría de la denominada cláusula antifragmentación, que establece que cualquiera que bifurque Android, ya sea como producto independiente o con otro nombre, se le cancelará la licencia de aplicaciones de Google. La Comisión de la UE cree que estos límites se establecieron para salvaguardar y reforzar el dominio de Google.
Google, en tanto, dijo que opera como otras empresas y que esas asociaciones mantienen la libertad de Android. En un comunicado, Google manifestó decepción por el fallo del tribunal. “Android ha aumentado las posibilidades de elección para todos y ayuda a miles de empresas de éxito en todo el mundo”, aseveró.
La Comisión Europea sancionó a Google con 8.300 millones de euros a lo largo de diez años por prácticas antimonopolio.
