En una declaración conjunta emitida tras las reuniones virtuales de la Iniciativa contra el ransomware celebradas esta semana por el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca se afirma que los países “reconocen que el ransomware es una amenaza de seguridad mundial cada vez mayor con graves consecuencias económicas y de seguridad”.
La declaración fue emitida por ministros y representantes gubernamentales, entre ellos los de Alemania, Australia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Estonia, Francia, India, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Kenia, Lituania, México, Nigeria, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, República Checa, República de Corea, República Dominicana, Rumanía, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza y Ucrania.
Una hoja informativa separada de la Casa Blanca dijo que los pagos de ransomware alcanzaron más de 400 millones de dólares a nivel mundial en 2020 y superaron los 81 millones de dólares en el primer trimestre de 2021, lo que ilustra la índole financiera de estas actividades.
La declaración dijo que los 30 gobiernos reconocen la necesidad de una acción urgente, prioridades comunes y esfuerzos complementarios para reducir el riesgo de ransomware.
“Los esfuerzos incluirán la mejora de la capacidad de recuperación de la red para prevenir incidentes cuando sea posible y responder eficazmente cuando se produzcan; la lucha contra el abuso de los mecanismos financieros para blanquear los pagos de rescate o llevar a cabo otras actividades que hacen que el ransomware sea rentable; y la interrupción del ecosistema de ransomware a través de la colaboración de las fuerzas de seguridad para investigar y procesar a los actores de ransomware, abordando los puertos seguros para los delincuentes de ransomware, y el compromiso diplomático continuo”, se lee en la declaración.
Los gobiernos afirmaron que la adopción de medidas para desbaratar el modelo de negocio del ransomware requiere esfuerzos concertados para hacer frente a los riesgos de financiación ilícita que plantean todos los sistemas de transferencia de valores, incluidos los activos virtuales, el principal instrumento que utilizan los delincuentes para pagar el ransomware, y el consiguiente blanqueo de capitales.
“Reconocemos que la desigual aplicación mundial de las normas del Grupo de Acción Financiera (GAFI) a los activos virtuales y a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) crea un entorno permisivo para el arbitraje jurisdiccional por parte de los actores maliciosos que buscan plataformas para mover los ingresos ilícitos sin estar sujetos a las obligaciones apropiadas contra el blanqueo de capitales (AML) y de otro tipo”, dijeron los funcionarios.
