Kaspersky Lab ha presentado un recurso de apelación en virtud de la Ley estadounidense de Procedimiento Administrativo (Administrative Procedure Act) a efectos de exigir sus derechos al debido proceso constitucional e impugnar la Directiva Operativa Vinculante que prohíbe a las agencias del gobierno estadounidense el uso de los productos y soluciones de la compañía. La compañía afirma que la decisión del DHS es inconstitucional y se sustenta en fuentes públicas subjetivas y no técnicas, tales como artículos de prensa, declaraciones y rumores no corroborados y a menudo anónimos. Además, el DHS no ha proporcionado a Kaspersky Lab el debido proceso legal para refutar las alegaciones no demostradas de la Directiva y no ha aportado ninguna prueba de delito por parte de la compañía.
La disposición de Kaspersky Lab para colaborar con la revisión del DHS ha sido ampliamente documentada. Dados los principios de compromiso de la compañía con la transparencia, el desarrollo fiable de sus tecnologías y servicios, así como la cooperación con diferentes gobiernos y la industria de la seguridad TI para combatir las ciberamenazas, Kaspersky Lab se puso en contacto con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a mediados del mes de julio para ofrecer cualquier información o ayuda relacionada con la compañía, sus operaciones y productos. A mediados del mes de agosto, el DHS confirmó la recepción de la carta enviada por Kaspersky Lab, agradeciendo su ofrecimiento para proporcionar más información y expresando su interés en mantener futuras comunicaciones con Kaspersky Lab sobre estas cuestiones. Sin embargo, la siguiente comunicación del DHS a Kaspersky Lab fue la notificación de la emisión de la Directiva Operativa Vinculante 17-01 el 13 de septiembre de 2017.
Como resultado, las medidas tomadas por el DHS han causado daños indebidos tanto en la reputación de la compañía en la industria de la seguridad TI como en sus ventas en Estados Unidos. Se han cuestionado injustamente los principios fundamentales de Kaspersky Lab de proteger a sus clientes y combatir las ciberamenazas, independientemente de su origen o propósito. Mediante la presentación de este recurso, la compañía espera poder proteger sus derechos al debido proceso con arreglo a la Constitución de los Estados Unidos y a la legislación federal, y reparar el daño causado en sus operaciones comerciales, sus empleados en Estados Unidos y a sus socios comerciales con sede en Estados Unidos.
“Puesto que Kaspersky Lab no ha tenido una oportunidad justa para rebatir estas alegaciones y no se ha proporcionado ninguna prueba técnica que aporte validez a las acciones del DHS, la c compañía tiene interés en poder defenderse en esta cuestión. Independientemente de la decisión del DHS, continuaremos haciendo lo que realmente importa: hacer un mundo más seguro contra el cibercrimen”, afirma Eugene Kaspersky, CEO y fundador de Kaspersky Lab.
Como evidencia de su compromiso con la fiabilidad, transparencia y responsabilidad, el pasado 23 de octubre, Kaspersky Lab anunció su Iniciativa Global de Transparencia. Esta iniciativa incluye análisis independiente de su código fuente, actualizaciones de software y las reglas de detección de amenazas de la compañía; análisis independiente de los procesos internos para verificar la integridad de las soluciones y procesos de la compañía; tres Centros de Transparencia en 2020 (Asia, Europa y USA); y el incremento de las recompensas –hasta 100.000 dólares- por el descubrimiento de “vulnerabilidades” (Bug Bounty) en los productos de Kaspersky Lab.
