Cada vez que una persona utiliza inteligencia artificial (IA) para crear una imagen, redactar un contrato, diseñar un logotipo, desarrollar código o producir una campaña publicitaria, surge una pregunta que pocas veces se hace: ¿cuál es el valor humano que aportamos cuando decidimos con qué datos se entrena un sistema, o las palabras elegidas para diseñar el prompt, o la responsabilidad de revisar el resultado generado?
En el marco del Día de la Apreciación de la Inteligencia Artificial, vale la pena reconocer el enorme potencial transformador de esta tecnología, pero también abrir la conversación sobre uno de los desafíos más importantes para empresas, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos y creadores: construir un marco de confianza que permita innovar con certeza jurídica.
La discusión cobra especial relevancia cuando vemos los datos de inversión que hoy las empresas están apostando para llevar la delantera en su negocio. De acuerdo con KPMG, las compañías en México prevén invertir, en promedio, USD 171 millones en inteligencia artificial durante los próximos 12 meses, y el 31% de las empresas ya está implementando y ampliando el uso de agentes de IA.
Si bien México aún no cuenta con una legislación integral que regule el desarrollo y uso de la inteligencia artificial, o que establezca requerimientos mínimos basados en riesgo, ya existen disposiciones normativas efectivas que constituyen una base para la construcción de un marco jurídico en el uso de la IA.
Entre ellas destaca la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, que reconoce el derecho de las personas a oponerse en todo momento a decisiones automatizadas cuando éstas puedan producir efectos jurídicos no deseados o afectar de manera significativa sus derechos. Asimismo, las recientes reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor fortalecen la protección de artistas e intérpretes frente al uso no autorizado de su imagen, voz y otros elementos de su identidad mediante sistemas de IA.
No obstante, estas disposiciones representan solo un primer paso. El rápido desarrollo de la IA plantea nuevos desafíos en materia de propiedad intelectual, privacidad, responsabilidad y ética, por lo que será necesario continuar fortaleciendo el marco regulatorio para ofrecer mayor certeza jurídica tanto a los desarrolladores como a los usuarios de estas tecnologías.
La realidad es que prácticamente ninguna industria permanece ajena al impacto de la inteligencia artificial. En el sector salud, la IA acelera diagnósticos, facilita el descubrimiento de nuevos tratamientos y optimiza la atención médica, pero también plantea interrogantes sobre la responsabilidad de los diagnósticos generados y la protección de información personal altamente sensible, relacionada con el estado de salud de las personas.
En industrias creativas como la publicidad, el diseño, la música o el entretenimiento, la IA multiplica la capacidad de producir obras, pero también vuelve indispensable responder preguntas sobre la titularidad de los derechos, el uso legítimo de contenidos para entrenar modelos y la protección de marcas, diseños y obras originales.
Incluso sectores como la manufactura, el transporte o el desarrollo de software enfrentan nuevos retos para determinar cuándo resulta oportuno introducir un ojo humano dentro del proceso. El aspecto clave es entender a la IA como amplificadora del talento humano.
Más allá de la regulación, las organizaciones tienen una responsabilidad inmediata: establecer esquemas de gobernanza que garanticen un uso responsable de la inteligencia artificial. Implementar políticas internas claras, incorporar principios de transparencia, privacidad y rendición de cuentas desde el diseño de los sistemas, así como establecer mecanismos de supervisión y gestión de riesgos, es tan importante como la adopción de la tecnología misma.
La experiencia internacional demuestra que la regulación no debe frenar la innovación, sino generar confianza. La Unión Europea, por ejemplo, ha impulsado un modelo basado en niveles de riesgo, donde las obligaciones aumentan conforme crece el impacto potencial de los sistemas de inteligencia artificial sobre los derechos y la vida de las personas. La premisa básica es que, entre más alto el riesgo sobre los derechos fundamentales —incluyendo el derecho a la salud, la vida, el acceso a la justicia, el empleo o el acceso a crédito—, mayor es la carga de obligaciones para establecer controles que los mitiguen.
México tiene la oportunidad de construir un modelo que incentive la innovación sin perder de vista la protección de los derechos fundamentales, la privacidad, la transparencia y la propiedad intelectual. En la era de la IA, conforme más personas la usen y más organizaciones automaticen procesos y desarrollen agentes para operar, el valor del aporte humano constituirá el centro diferenciador.
Por Gabriela Espinosa, Counsel de Privacidad y Protección de Datos, Arochi & Lindner
Ilustración: Arochi & Lindner
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