Esta iniciativa, anunciada en el marco de la Conferencia sobre Sellos de Confianza Asia-Pacífico, marca la primera acción que se realiza en el país sobre el uso de software legal dentro de dependencias públicas, y el inicio de un acuerdo de colaboración con un gobierno estatal para combatir de manera frontal la piratería de software.
A partir de este acuerdo se realizarán campañas conjuntas IMPI, BSA y el Gobierno del Estado de Jalisco, para promover el respeto a la propiedad intelectual de los programas de cómputo en el sector el privado de la entidad, las instituciones educativas y el sector social.
Esta labor compleja es resultado de la firme convicción que tiene el Estado de Jalisco para hacer realidad una cultura de legalidad en México, en este caso, en relación con los programas de cómputo que se utilizan en la entidad, demostrando que en la infraestructura informática de gobierno se está dando cumplimiento al marco legal que protege los derechos de propiedad intelectual de los productos de software, dijo José Luís de Alba González, Secretario de Administración del Gobierno de Jalisco. Se trata de un compromiso de ética pública, enfatizó el funcionario.
Por su parte Gilda González Carmona, Directora Divisional de Protección a la Propiedad Industrial del IMPI, explicó que la colaboración entre las entidades estatales y federales es de vital importancia en el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, (ASPAN). El trabajo tendiente a la resolución de la problemática de la piratería, solamente será posible mediante una estrecha colaboración entre la federación, los estados y los municipios, colaboración que hoy empieza a rendir frutos de manera sustancial, gracias a la iniciativa del estado de Jalisco y la conjunción de esfuerzos, dijo.
La funcionaria de IMPI expresó que la protección a la propiedad intelectual tiene el objetivo de mantener una economía en constante innovación, y agregó que el gobierno de Jalisco tiene muy claro este objetivo y está asumiendo con el ejemplo la labor de combatir el uso ilegal de software frente a su propia comunidad.
México ha recorrido un gran camino en su búsqueda por contener el problema de la piratería de software; la reducción de los indicadores de piratería que hemos dado a conocer, es prueba de ello, dijo Kiyoshi Tsuru, Director General de la BSA. Sin embargo, como parte de la comunidad mundial, el país se encuentra en un punto decisivo y crucial, que requerirá profundizar en las estrategias contra la piratería y multiplicar los esfuerzos que en México se hacen para combatir este cáncer. El trabajo conjunto de la Federación y los estados, hará la diferencia frente a este problema, abundó el directivo de la BSA.
Esto es apenas el inicio de una larga tarea que hay que ir construyendo en todo el país; al ejemplo que nos da el gobierno del estado de Jalisco, buscaremos que se adhieran otras entidades federativas y toda aquella organización, pública o privada, que desee garantizar el respeto de una cultura de seguridad y legalidad en el entorno de las tecnologías de información, finalizó.
La campaña En Jalisco, el Ejemplo Empieza en Casa inicia hoy con esta iniciativa conjunta de auditar los activos informáticos del estado de Jalisco, e irá seguida de una ceremonia de certificación presidida por el Gobernador de Jalisco. Durante las próximas semanas se realizarán visitas de verificación e inspección a los sectores públicos y privados del estado.
Centennial Software, empresa especializada en este tipo de verificaciones, se encargará de realizar la auditoría a través de medios electrónicos, mientras que el IMPI realizará simultáneamente visitas de oficio a las dependencias del Estado.
De acuerdo al estudio IDC-BSA sobre la Piratería de Software en 2006, dado a conocer durante el mismo evento, México logró reducir en dos puntos porcentuales los índices de piratería de software, al pasar de un 65% que mantuvo entre el años 2004 y 2005, a un 63% para el año 2006, situación que lo coloca en la tercera posición de los países con menor piratería de programas de cómputo en la región de América Latina.
Sin embargo, frente al crecimiento que ha tenido su mercado, las pérdidas económicas lo ubican en el lugar número 13, al registrar daños de 748 millones de dólares por el consumo ilegal de software de acuerdo a este mismo estudio.
