Los medios estadounidenses caracterizan las negociaciones entre los estados participantes de caóticas. Tal panorama resultó en que la mitad de los estados optó por firmar el acuerdo extrajudicial entre el DOJ y Microsoft, en tanto que los restantes expresaron de manera conjunta que aunque el acuerdo constituye un avance en sí, no se extiende lo suficiente como para proteger los intereses de los competidores afectados por el poder monopolista de Microsoft.
En la práctica, lo anterior significa que los tribunales deberán llevar dos procesos de manera paralela. Los nueve estados que optaron por dar continuidad a la causa deberán juntar testigos y elaborar un documento en que proponen las medidas que a su juicio deberían aplicarse contra las prácticas corporativas de Microsoft. En tanto, el acuerdo extrajudicial refrendado por el DOJ y otros nueve estados deberá ser publicado oficialmente, aplicándose desde la fecha de publicación un plazo de 60 días, en que cualquier interesado puede entregar comentarios. Posteriormente, el DOJ tendrá 30 días para recopilar las reacciones mediante un proceso de audiencias.
Seguidamente, la juez Colleen Kollar-Kottelly deberá citar a las partes y eventualmente dar por aprobado el acuerdo si queda convencida de que este protege los intereses públicos. En tal caso, la decisión final se anunciaría en febrero de 2002.
Los estados que darán continuidad al proceso dicen estar abiertos a negociar con Microsoft, con miras a un nuevo acuerdo extrajudicial. Por su parte, el abogado jefe del equipo jurídico que representa a Microsoft declaró que Microsoft nunca se opondrá a escuchar, pero lo cierto es que los temas en disputa ya han sido analizados a fondo, por gente que ya está agotada.
