Cumpliendo con plazo que les diera el juez William Alsup el 7 agosto, Google y Oracle presentaron el 17 de agosto sendos escritos donde informaron si han pagado o no a periodistas y bloggers externos, por comentar el juicio sobre Java en que finalmente fue derrotada Oracle.
Por una parte, Oracle admitió haber pagado al comentarista Florian Mueller, aunque destacando que sólo había sido contratado para una consultoría sobre temas relacionados con la libre competencia. La empresa recalca que el acuerdo con Mueller fue suscrito antes de iniciarse el juicio. Después de aclarar su propia situación, el gigante de las bases de datos acusó al Google ante el juez Alsup de haber instrumentado una vasta red de influencias, que utilizó para dar forma a la percepción pública del juicio.
Por su parte, Google escribió el juez Alsup que ni la empresa ni sus afiliados ha pagado a autor, periodista, comentarista o bloguero por informar o comentar aspectos de la causa. Desmiente además haber fomentado en modo alguno la cobertura periodística del tema.
Ambas compañías admitieron que sus empleados pueden haber comentado el tema en sus blogs, pero que en ningún caso se trató de posts pagados, recalcando que no supervisan ni censuran lo que sus empleados escriban en Internet.
Con todo, Google admite que parte del material, impreso y digital, pudo haber sido escrito por autores o empresas vinculadas indirectamente a Google mediante sus redes filantrópicas o comerciales. En el blog Groklaw, el comentarista P.J. Jones, indica que precisamente esta última frase fue utilizada por el abogado de Oracle, Michael Jacobs, para declarar que tales redes de relaciones indirectas constituyen una estrategia orquestada deliberadamente para promover la agenda de propiedad intelectual de Google.
La publicación The Register dice haber contactado a Google con el fin de obtener comentarios sobre tales acusaciones, pero que aún no recibió respuesta.
Cabe señalar que en su respuesta al juez Alsup, Google publicó una lista de las organizaciones comerciales y políticas a las que apoya económicamente. De hecho, la empresa está obligada a tener una lista actualizada de tales beneficiarios, como parte de la ley estadounidense de transparencia y políticas públicas. Sin embargo, recalca no haber pagado a ninguna de estas organizaciones para comentar la causa en cuestión, ni estar en antecedentes de que sus miembros lo hayan hecho.
